Después del artículo de ayer  sobre el Esquema Nacional de Seguridad hoy toca el texto equivalente en materia de interoperabilidad. A primera vista este texto puede parecer más simple que su homólogo, pero veréis que se las trae…, especialmente la disposición adicional primera.

Vamos allá:

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, persigue la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

Al igual que ocurre en el ENS, se han tenido en cuenta antecedentes como los Criterios SNC y las recomendaciones de la Unión Europea como lo es el Marco Europeo de Interoperabilidad elaborado por el programa IDABC, así como a otros instrumentos y actuaciones elaborados por este programa y que inciden en alguno de los múltiples aspectos de la interoperabilidad, tales como el Centro Europeo de Interoperabilidad Semántica, el Observatorio y Repositorio de Software de Fuentes Abiertas y la Licencia Pública de la Unión Europea. También se atiende a la Decisión 922/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas.

Después de definir el objeto y ámbito de aplicación de la norma (que incluye a todas las administraciones), el ENI comienza enumerando sus principios básicos que son la interoperabilidad como cualidad integral, el carácter multidimensional de la interoperabilidad (es decir, interoperabilidad técnica, semántica y organizativa) y el enfoque de soluciones multilaterales.

A continuación se abordan con mayor detalle las dimensiones técnicas, semánticas y organizativas de la interoperabilidad. En la parte técnica se desarrolla el principio de neutralidad tecnológica de la Ley 11/2007 en aspectos concretos como los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas y se reitera su importancia haciendo hincapié en el uso de estándares abiertos a todos los niveles considerando su aplicación particularmente inexcusable en la relación con los ciudadanos. Se introduce además el criterio de coste que no suponga una dificultad de acceso para la selección de estos estándares y se provee una definición de uso generalizado por los ciudadanos.

En cuanto a la interoperabilidad semántica ésta se centra fundamentalmente en la creación y publicación, en su momento, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración de unos modelos de datos de intercambio que serán de preferente aplicación para el intercambio de información entre las Administraciones públicas.

La parte organizativa se centra, por una parte, en la obligación de las administraciones de la especificación y publicación de los requisitos técnicos de los servicios, datos y documentos electrónicos puestos a disposición de otras administraciones y, por otra parte, prevé la creación de inventarios de información administrativa a través de los cuales las administraciones han de publicar sus procedimiento administrativos y servicios.

En los siguientes dos capítulos se abordan con relativa brevedad cuestiones como la conectividad a la Red Sara y el uso de servicios horizontales prestados por la Administración General del Estado (como lo puede ser @Firma) como medio para facilitar la interoperabilidad. Además se establece que la sincronización de la fecha y la hora se realizarán con el Real Instituto y Observatorio de la Armada.

A continuación se aborda la reutilización y transferencia de tecnología que promueve la libre disposición de las aplicaciones desarrolladas por una Administración a las demás y las condiciones necesarias para ello inspirándose para su articulación claramente en el modelo de licencia del software libre. Por otra parte, se  establece el compromiso de la Administración General del Estado de mantener a través del CTT un directorio de aplicaciones libremente reutilizables y se describen mecanismos de integración con directorios europeos similares que deben seguir los directorios propios de cada Administración.

El capítulo siguiente trata de la interoperabilidad de la firma electrónica y los certificados. La interoperabilidad se articula en torno a la política de firma electrónica y de certificados que se desarrollará como parte del futuro desarrollo del propio previsto en la disposición adicional primera y que las aplicaciones de las Administraciones públicas deberán respetar.

Esta política tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo I, las relacionadas con la interoperabilidad: formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sellos de tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en las relaciones entre Administraciones públicas.

Por otra parte se tratan los aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de servicios de certificación en su vertiente organizativa, semántica y técnica. Se abordan cuestiones como la obligación de publicar en su Declaración de Prácticas de Certificación cuestiones como los usos de sus certificados y sus posibles límites, los niveles de acuerdo de servicio, la indicación expresa de aquellos campos de los certificados que por su unicidad puedan ser usados para la identificación o la obligatoriedad de la incorporación, dentro de los certificados, de información relativa a las direcciones de Internet donde se ofrecen servicios de validación por parte de los prestadores de servicios de certificación.

Por último se tratan las obligaciones de las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica como lo es, por ejemplo, la incorporación de listas de confianza de los certificados interoperables entre las distintas Administraciones públicas nacionales y europeas.

El capítulo siguiente trata otro tema clave como lo es la recuperación y conservación del documento electrónico. En primer lugar, se establecen las condiciones para la recuperación y conservación del documento electrónico que prevén, entre otras, cosas como la definición de una política de gestión de documentos por parte de las Administraciones públicas, la identificación única e inequívoca de cada documento o la clasificación de acuerdo con un plan de clasificación.

A continuación se establecen medidas de seguridad para asegurar la conservación de los documentos electrónicos, se reitera la obligación de la adecuada protección de los datos personales y se prevé el uso de formatos de firma longeva y otros mecanismos como metadatos de gestión de documentos que permitan la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos.

Por otra parte, se aborda la cuestión del formato de los documentos electrónicos.  Se prevén cosas como el uso preferentemente de formatos basados en estándares abiertos y la elección de formatos de documento electrónico normalizados y perdurables que aseguren la independencia de los datos de sus soportes. Incluso se prevé la posibilidad de copiado autentico de los documentos ante un posible riesgo de obsolescencia del formato.

Por último se trata la digitalización de documentos en soporte papel indicando que ésta se deberá ajustar a la norma técnica de interoperabilidad correspondiente a los aspectos del formato estándar utilizado, el nivel de resolución, la garantía de imagen fiel e íntegra y los metadatos asociados al proceso de digitalización.

El capítulo siguiente, el Capítulo XI, establece básicamente la obligación de la conformidad de las sedes electrónicas y el ciclo de vida de los sistemas y servicios con el ENI, junto con la obligación para los órganos y entidades de derecho público de establecer los oportunos mecanismos de control y publicar su declaración de conformidad con el ENI. El último capítulo del ENI es el más corto y más simple ya que se compone únicamente de un único artículo que establece la obligación de mantener el ENI actualizado de manera permanente.

El ENI concluye con una serie de disposiciones y un anexo con un glosario de términos muy útil y completo. Entre las disposiciones se puede destacar especialmente la disposición adicional primera que se refiere al desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Este desarrollo se concretará en una serie de normas técnicas de interoperabilidad e instrumentos de interoperabilidad.

Las normas técnicas se referirán a cuestiones como un catálogo de estándares que satisfagan las previsiones del ENI, metadatos relativos al documento electrónico, estructura y formato del expediente electrónico, la antes mencionada política de firma electrónica y de certificados de la Administración, relación de modelos de datos comunes en la Administración o una política de gestión de documentos electrónicos.

En cuanto a los instrumentos de interoperabilidad estos se compondrán de un inventario de procedimientos administrativos y servicios prestados, el centro de interoperabilidad semántica de la Administración y el directorio de aplicaciones para su libre reutilización.

Entre las disposiciones restantes se pueden destacar especialmente las relativas a los plazos de adecuación de los sistemas (ésta ya comentada anteriormente), la relativa al plazo de adaptación de los medios actualmente admitidos de identificación y firma electrónica (24 meses), aquellas que se refieren al papel impulsor en materia de interoperabilidad que deben ejercer el CENATIC y el INTECO en sus respectivas áreas de responsabilidad.